A estas alturas no queda, probablemente, un solo habitante de El Puerto que no sepa que el TSJA ha anulado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de nuestra ciudad. Las reacciones de nuestros políticos, de momento, parecen cautas y llamando a la unidad para que este varapalo judicial no suponga una parálisis de las inversiones y un retroceso en la urbanización de muchos sectores que ya habían empezado su desarrollo.

Un PGOU no solo afecta a la urbanización y legalización de numerosas ARG de nuestra ciudad, sino que delimita y dicta una serie de normativas sobre la que se ha desarrollado, también, el PEPRICHyE (El plan especial para el conjunto histórico de El Puerto y su entorno), que puede que vea alterada su aprobación, que parecía que por fin, se acercaba.

Es decir, a golpe de sentencia, hemos vuelto a la legalidad de 1992, sin desarrollo posible, sin convenios que valgan para desarrollos hoteleros en suelos recalificados. De nuevo estaremos metidos en un pantano del que nos costó salir nada menos que 20 años y que ha provocado un crecimiento desordenado en las ARG, sin atender a las necesidades básicas de equipamientos, zonas verdes, depuración y necesidades de agua, etc. y volvemos a encontrarnos con que el desarrollo que necesita nuestro Centro para revitalizarse se encuentra en peligro.

Se oye que el equipo de gobierno quiere recurrir la sentencia, lo que probablemente daría un margen de 1-2 años al actual PGOU antes de que, de nuevo, lo tumbaran.

Quizá sea el momento de que nuestros políticos de todos los partidos sean capaces de ponerse de acuerdo y anteponer el interés de nuestra ciudad a los de su partido y logren sacar adelante un nuevo PGOU que no incumpla la ley, un PGOU que siente las bases de nuestra ciudad futura, de nuestro futuro. Un PGOU por el que no debamos esperar otros 20 años.